Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES Exp. Número 2018-0478 Mediante Oficio identificado con el alfanumérico 109/2018 del 16 de abril de 2018, recibido en esta Sala Político-Administrativa el 12 de junio del mismo año, el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente número AP41-U-2015-000246 (de su nomenclatura), contentivo del recurso de apelación incoado el día 18 de enero de 2018, por la abogada Dalia Rojas, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 77.240, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según se evidencia de oficio poder cursante al folio 134 al 137 de las actas procesales, contra la sentencia definitiva número 016/2017, emitida por el juzgado remitente en fecha 29 de noviembre de 2017, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos el 17 de septiembre de 2015, por el abogado José Rafael Belisario Rincón, inscrito en el INPREABOGADO bajo número 34.357, en su condición de apoderado judicial de la sociedad de comercio DISTRIBUIDORA ARTESA 2004, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del hoy Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda, bajo el número 42, Tomo 1011-A representación que se evidencia de instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda en fecha 25 de agosto de 2015, cursante en autos a los folios 61 y 63 del expediente judicial. El referido medio de impugnación judicial se interpuso contra la Resolución identificada con el alfanumérico SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015-0430 de fecha 29 de mayo de 2015, notificada el 27 de julio mismo año, dictada Gerencia Jurídico Tributaria del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la mencionada contribuyente, contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTICERC/ DSA/RR-2012-187 de fecha 13 de julio de 2012, notificada el 9 de agosto de ese mismo año suscrita conjuntamente por el Gerente Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital y el Jefe de la División de Sumario Administrativo de dicha Gerencia Regional del mencionado Servicio Nacional, en materia de impuesto sobre la renta, confirmándose los reparos formulados en el Acta Fiscal identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTI7/CE/RC/DF/2011/ISLR/0006607-00211, levantada por la precitada Gerencia Regional el 28 de junio de 2011, notificada en ese mismo día, donde se impuso a cargo de la contribuyente : i) diferencia de impuesto sobre la renta causado durante el ejercicio fiscal comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, por la cantidad de ochocientos veintiún mil ciento ochenta y siete bolívares (Bs. 821.187,00); reexpresada a moneda actual en un céntimo de bolívar (Bs. 0,01); ii) sanción de multa por la aceptación del reparo y pago del tributo a la cantidad de ciento cuarenta y un unidades tributarias (141,00 U.T) y sanción de multa por contravención por la suma de veinticuatro mil quinientas cuarenta y nueve coma dieciocho unidades tributarias (24.549,18 U.T.), en virtud de disminución ilegítima de ingresos tributarios de conformidad con el artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, dichas sanciones fueron ajustadas de acuerdo con lo señalado en el artículo 94 Parágrafo Segundo eiusdem; y iii) intereses moratorios por la suma de novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta bolívares (Bs. 965.640,00), hoy a la suma de un céntimo de bolívar (Bs. 0,01), de acuerdo al artículo 66 eiusdem. Dichas sanciones fueron ajustadas de acuerdo con lo señalado en el artículo 92, Parágrafo Segundo, del mencionado Texto Orgánico. Por auto del 16 de abril de 2018, el Tribunal de la causa oyó en ambos efectos la apelación planteada y remitió el expediente a este Alzada, a través del mencionado oficio. El 20 de junio de 2018 se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se designó Ponente al Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación. En fecha 18 de julio de 2018 fundamentó la apelación el abogado Abelardo Caldera, inscrito en el INPREABOGADO bajo número 245.544, en su carácter de sustituto del Procurador General de la República, en representación del Fisco Nacional, según se evidencia de poder cursante a los folios 190 y 191 de las actas procesales. No hubo contestación a la apelación. Por auto del 2 de agosto de 2018, se dejó constancia del vencimiento del lapso de contestación a la apelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que la causa entró en estado de dictar sentencia. En sesión de Sala Plena del 5 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reeligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta; el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero. En fecha 26 de abril de 2022, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en la misma fecha. En fecha 28 de abril de 2022, se dejó constancia de la elección de la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez; Vicepresidenta, Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares. En igual oportunidad, se reasignó la Ponencia al Magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares, a los fines de dictar la decisión correspondiente. Realizado el estudio del expediente, pasa este Alto Tribunal a decidir con fundamento en los artículos 26, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. I ANTECEDENTES Según se advierte de las actas procesales, mediante Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/ DF/2011/ISLR-IVA/00066 de fecha 2 de febrero de 2011, suscrita por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), se autorizó a la funcionaria Erika Jacqueline Molina Capote, con cédula de identidad número 15.911.564, a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad de comercio Distribuidora Artesa 2004, C.A., en materia de impuesto sobre la renta por ajuste por inflación y deducciones causado durante el ejercicio fiscal comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2007. El 28 de junio de 2011 fue levantada y notificada el Acta de Reparo identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/DF/2011/ISLR/ 00066/07/-00211 dictada por la referida Gerencia Regional en la cual la actuación fiscal dejó constancia de las objeciones fiscales siguientes: I.    “(…) DEDUCCIONES NO PROCEDENTES POR FALTA DE COMPROBACIÓN SATISFACTORIA Bs. F. 314.783,05 La contribuyente en su declaración definitiva de rentas correspondiente al ejercicio fiscal investigado, informó gastos por la cantidad de Bs. F.755,419,00, dentro de la cual incluyó la cantidad de Bs.542.100,00, como Gastos Generales y Bs. 213.319,00, como Sueldos y Salarios, registrados en su contabilidad en las cuentas contables 600101004 y 600101001 (…).  (…) Con la finalidad de verificar el origen y naturaleza del gasto deducido, la actuación fiscal solicitó a la contribuyente mediante Actas de Requerimiento, (…) de fechas 14/02/2011 y 11/03/2011 (…) el detalle de los Otros Gastos y las facturas originales de adquisición de bienes y/o recepción de servicios u otros documentos originales de valor probatorio que soporten las erogaciones realizadas, así como los documentos que avalen las formas de pago de tales gastos. En respuesta a los requerimientos (…) la contribuyente consignó como soporte de los gastos solicitados, el mayor analítico de la cuenta contable antes identificada (…)  la fiscal procedió a solicitar una muestra de soportes de los movimientos de la cuenta, en atención a lo cual la contribuyente consignó parcialmente dicha información, dejando de justificar la cantidad de Bs. 314.783, 05, tal y como cursa inserto en el expediente administrativo (…).  (…) Al respecto, [la funcionaria actuante hace mención de los artículos 90, 91 y 176 de la Ley Impuesto Sobre la Renta, reiterando que en materia de deducciones no pueden hacerse valer contra la renta sujeta al Impuesto Sobre la Renta, egresos que no estén suficientemente comprobados].  (…) La actuación fiscal objeta por falta de comprobación suficiente para el ejercicio fiscal investigado, 01/01/2007 al 31/12/2007 los gastos deducidos por la contribuyente que ascienden a la cantidad de Bs. 314.783,05, los cuales se detallan en el Cuadro N° 1 del acta de reparo (…).  (…) II.- REAJUSTE POR INFLACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO. La actuación fiscal que procedió a calcular el reajuste por inflación del patrimonio de la contribuyente, conforme a lo establecido en el artículo 184 de la LISLR, el cual dispone que se acumularán en la partida de Reajuste por Inflación, como una disminución de la renta gravable el incremento del valor que resulte de reajustar anualmente el patrimonio neto al inicio del ejercicio gravable, con base en la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) (…).  (…) En este sentido esta actuación fiscal procedió a excluir del Patrimonio Neto al Inicio la cantidad de Bs.F 3.030.431,12, correspondiente al saldo reflejado en la cuenta contable ‘Cuentas por Cobrar Relacionadas’ (…).  (…) En consecuencia se procedió a realizar el reajuste por inflación conforme, a las normas y en consecuencia, se disminuye el reajuste del patrimonio neto al inicio a Bs. F (677.857,56) (…).  (…) III: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO Bs. F 3.005.673,80 La contribuyente no realizó para el ejercicio fiscalizado comprendido desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2007 el cálculo del reajuste por inflación de los Aumentos y Disminuciones del Patrimonio en este sentido la fiscalización procedió a realizar los cálculos de acuerdo al procedimiento establecidos en los artículos 184 y 186 de la LISLR en concordancia con los dispuesto en el artículo 113 de su Reglamento (…).  (…) En consecuencia se procede a incluir la cantidad de Bs. F. 3.005.673,80 por concepto de reajuste regular de los aumentos y disminuciones del patrimonio, como un aumento de la renta neta gravable del ejercicio fiscal 2007 (…).  (…) Esta actuación fiscal procedió a realizar el reajuste por inflación conforme a las normas comentadas, y en consecuencia, se aumenta la utilidad fiscal por la cantidad de Bs. 3.683.177 (…).  (…) IV DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR Bs.F. 1.338.50, 94. Como consecuencia de las objeciones formuladas (…) se obtiene un aumento del Enriquecimiento Neto de Bs. F 4.057.254,59 y un impuesto a pagar de Bs. F. 1.338.650,94 (…)”. (Sic). (Mayúsculas y negrillas de la fuente) (Agregados de esta Sala).   En fecha 24 de agosto 2018, la sociedad mercantil Distribuidora Artesa, C.A., consignó escrito de descargos contra la mencionada Acta de Reparo identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/DF/2011/ISLR/ 00066/07/-00211 procediendo a impugnar los reparos formulados para el ejercicio fiscal comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, posteriormente la recurrente aceptó parcialmente la objeción fiscal por deducciones no procedentes por falta de comprobación satisfactoria por la cantidad de doscientos veinte mil bolívares “(Bs. 220.000,00)” lo cual generó una diferencia de impuesto a pagar de cincuenta y tres mil cien bolívares “(Bs. 53.100,00)”,  cantidades todas reexpresadas a la suma de un céntimo de bolívar (Bs. 0,01). En fecha 13 de julio de 2012 la División de Sumario Administrativo de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dictó la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTICER/DSA/R/2012-187, notificada el 9 de agosto de 2012 ratificando, por una parte, las objeciones fiscales formuladas en el Acta de Reparo arriba descrita, por los conceptos y montos siguientes:            1.- Deducciones no procedentes por falta de comprobación satisfactoria. EJERCICIO MONTO CONFIRMADO (BS.) MONTO REVOCADO (BS.) 2007 314.783,05 0   2.- Patrimonio Neto Inicio. EJERCICIO MONTO CONFIRMADO (BS.) MONTO REVOCADO (BS.) 2007 3.019.501,20 10.929,99   3.- Aumentos y disminuciones del Patrimonio EJERCICIO MONTO CONFIRMADO (BS.) MONTO REVOCADO (BS.) 2007 2.996.195,30 9.478,50   Determinación Descripción Montos Utilidad pérdida del Ejercicio 276.254,00 Más Gastos objetados por falta de comprobación satisfactoria S/Resolución 94.783,05 Reajuste por inflación S/Resolución 2.320.438,12 Total Reparo 2.415.221,17 Impuesto Determinado TARIFA N° 2* 34% 896.285,56 Menos   Impuesto pagado Declaración Estimada 13.561,06 Impuesto pagado Declaración Definitiva 8.438,00 Impuestos Determinado y Pagado (Declaración sustitutiva N° 1190600737 53.100,00 Diferencia de Impuesto a Pagar S/R Resolución 821.186,50   SANCIÓN E INTERESES MORATORIOS (…) Cumpliendo con el mandato del Parágrafo Segundo del artículo 94 del [Código Orgánico Tributario de 2001 aplicable en razón del tiempo], esta instancia administrativa procede a convertir las multas expresadas en términos porcentuales a su valor en Unidades Tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, para luego establecer su valor al momento del pago (…). (…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del [Código Orgánico Tributario de 2001 aplicable en razón del tiempo], y por cuanto quedó evidenciado en autos la omisión del tributo, se calculan los intereses moratorios sobre la diferencia de impuesto determinado para el ejercicio 2007, desde el momento en que se hizo exigible el pago hasta la fecha de extinción de la obligación (…). (…) En consecuencia, expídase a Distribuidora Artesa 2004, C.A., las planillas de liquidación para el ejercicio, montos y conceptos que se mencionan a continuación: EJERCICIO FISCAL 2007  CONCEPTO MONTO (BS. F) Impuesto 821.187,00   Multa 2.222.125,00 2007 Intereses 965.610,00 TOTAL   4.008.922,00   (…)”. (Mayúsculas y negrillas del texto) (Agregados de la Sala) (Folios 151 al 169 del cuaderno separado del expediente administrativo). En fecha 10 de septiembre de 2012, la representación judicial de la contribuyente interpuso escrito contentivo de recurso jerárquico ante la División de Tramitaciones, Sustanciación de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTICER/DSA /R/2012-187, de fecha 13 julio de 2012, notificada el 9 de agosto de ese mismo año, alegando lo siguiente:  i) Errónea apreciación e interpretación de los hechos (falso supuesto de hecho), al rechazar gastos que están representados por comisiones bancarias, por los cuales no se entregan comprobantes por parte de los bancos, ii) que las copias simples consignadas no fueron apreciadas por el ente exactor, iii) al interpretar de manera errada lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en razón que las cuentas contables objetadas no fueron consideradas a los efectos del reajuste del patrimonio neto al inicio del ejercicio fiscal 2007; iv) la actuación fiscal no consideró los anticipos recibidos por los clientes a los fines de sincerar las exclusiones de las cuentas por cobrar y en base a ello, la Administración Tributaria incurrió en un error de cálculo en la determinación del ajuste por inflación de los aumentos y disminuciones del patrimonio. En fecha 7 de noviembre de 2007, se dictó la Resolución identificada con letras y números SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015-0430 de fecha 29 de mayo de 2015, notificada el 27 de julio mismo año, que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente, contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTICERC/ DSA/RR-2012-187, supra descrita en los siguientes términos: “(…) [Se] debe advertir que no consta en autos ningún elemento probatorio que logre evidenciar los siguientes hechos alegados: i) no hay detalle de los gastos., así como tampoco de los originales de las facturas y otros documentos equivalentes de valor probatorio que demuestren las erogaciones por la adquisición de bienes y recepción de servicios, y ii) del análisis practicado a la documentación consignada por la contribuyente para justificar la deducción de la cantidad de Bs. 314.783,05 a los efectos de determinar su enriquecimiento neto de impuesto sobre la renta para el ejercicio investigado, la contribuyente no pudo justificarla. (…) La contribuyente a los fines de desvirtuar el acto administrativo impugnado debió consignar junto con el escrito recursorio, los originales de las facturas a los fines de ser cotejados con las copias fotostáticas que aporto en el sumario y así demostrar que son copias fiel y exactas de las mismas (…). (…) Queda evidenciado que el sumario administrativo si cumplió con la crucial obligación de apreciar y valorar todas las pruebas que le fueron presentadas señalando que las mismas carecen de valor probatorio por haber sido consignadas en copias simples fotostáticas (…). (…) [Se] ratifica en todas sus partes la decisión de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especial de la Región Capital de confirmar el reparo ‘Deducciones no procedentes por falta de comprobación satisfactoria’ por el monto de Bs. 314.783,05 correspondiente al ejercicio fiscal 2007 (…). (…) La fiscalización no erró al considerar que las exclusiones fiscales de las partidas descritas en el parágrafo segundo del artículo 184 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta durante el ejercicio gravable, deben ser reajustadas (…) lo que para el caso de autos deriva en un aumento de renta gravable (…). (…) La actuación fiscal no consideró los anticipos recibidos por los clientes a los fines de sincerar las exclusiones de las cuentas por cobrar y al error de cálculo del ajuste por inflación de los aumentos y disminuciones del patrimonio (…) este jerarca aprecia (…) que la contribuyente registró dichos anticipos en el Balance General como cuentas del pasivo, es decir con saldo del acreedor, en virtud de la cual no pueden excluirse ni compensar con otras cuentas tales saldos de las cuentas por cobrar del ejercicio fiscal, ya que para el momento del cálculo del reajuste por inflación no se había cumplido la obligación contractual que dio lugar a la posterior naturaleza  de tales saldos en anticipos (…). (…) Se debe señalar que la imposición de la multa por contravención prevista en el artículo 111 [del Código Tributario de 2001 aplicable en razón del tiempo] procede en los casos en que él contribuyente mediante acción u omisión causa una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, que fue lo que ocurrió en el caso (…) en el cual la Administración Tributaria determinó una diferencia de Impuesto Sobre la Renta que debía pagar la contribuyente, en vista de que dedujo gastos que no eran procedente por falta de comprobación, no realizó el cálculo del reajuste por inflación de los Aumentos y Disminuciones del Patrimonio (…) [el órgano exactor ] procedió al reajuste por inflación disminuyendo el reajuste del patrimonio neto al inicio, lo cual tajo como consecuencia la imposición de una multa aplicada en el ciento doce coma cinco por ciento (112,5%) del tributo omitido posteriormente convertida en términos porcentuales a su equivalente en unidades tributarias (…) arrojando un monto de Bs. 2.22.125,00 (…). (…) Con fundamento a lo expuestos (…) [es] ajustada a derecho el cálculo de los intereses moratorios conforme a lo previsto en el artículo 66 del [Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable en razón de su vigencia temporal] (…) este Órgano Tributario confirma la cantidad de Bs. 965.610,09 (…). 1.   Se confirman los conceptos y montos que seguidamente se indican: Ejercicio Fiscal Impuesto a Pagar Multa (Bs.) Intereses Moratorios (Bs.) 2007 821.186,50 2.222.125,49 965.610,69   La multa deberá ser pagada al valor de la unidad tributaria que estuviese vigente para el momento del pago todo de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 del Código Orgánico Tributario de 2014 [aplicable en razón del tiempo], (…) A título informativo la sanción quedaría fijada en los términos que se señalan a continuación: Por la Aceptación y Pago del Tributo: Ejercicio Fiscal Impuesto a Pagar Multa (Art 111 COT 10% (Bs.) U.T a la fecha de infracción (Bs.) Sanción en U.T. Valor de la U.T. al emitir Resolución Sumario (Bs.) Sanción (Bs.) 2007 53.100,00 5.310,00 37.632,00 141,1 150 21.165,00   Por la Contravención de la Porción No Pagada del Tributo: Ejercicio Fiscal Impuesto a Pagar Multa (Art 111 COT 10% (Bs.) U.T a la fecha de infracción (Bs.) Sanción en U.T. Valor de la U.T. al emitir Resolución Sumario (Bs.) Sanción (Bs.) 2007 821.186,50 923.834,81 37,632 24.549,18 150 3.682.377,00 (…)”. (Negrillas y subrayado de la fuente). (Añadidos de esta Alzada).   Por disconformidad con la precedente Resolución identificada con letras y números SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015-0430 de fecha 29 de mayo de 2015, notificada el 27 de julio mismo año, que declaró sin lugar el recurso jerárquico en fecha 17 de septiembre de 2015, la representación judicial de la sociedad mercantil Distribuidora Artesa, C.A. interpuso recurso contencioso tributario, con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, alegando los argumentos de hecho y de derecho transcritos a continuación: “(…) 1. Falso supuesto de hecho. Los gastos de la contribuyente declarados improcedentes están perfectamente documentados. [Su] representada durante la etapa del sumario administrativo y en uso de la oportunidad que le daba el Código Orgánico Tributario vigente (…), procedió [aceptar el reparo por este concepto], hasta por la suma de Bs. 220.000,00 pero [la Administración Tributaria] no reconoció el reparo, por Bs. 94.783,05, y explicó que los gastos cuya deducibilidad fue objetada por las Administración por ese monto, estaban respaldados por las facturas correspondientes. En la oportunidad de presentar su escrito de descargos, presentó las copias de las facturas que justificaban la deducción por el monto señalado, pero que las mismas no fueron valoradas por la Administración Tributaria (…). (…) Durante el procedimiento administrativo, que dio inicio con la presentación del recurso jerárquico, solicitó la apertura del lapso probatorio para presentar los originales de las facturas, que demostraban la veracidad de los gastos deducidos por la empresa. Es falso que los gastos cuya deducción fueron rechazados por la Administración, no estén debidamente soportados por los originales de los documentos, que sirven de prueba de las erogaciones correspondientes (…). (…) Porque la Administración Tributaria, desde el inicio del procedimiento de fiscalización, se ha negado a verificar toda la documentación, que se le presentó a los fines de demostrar la procedencia de las deducciones, que le fueron rechazadas; que la fiscalización aseveró que no tuvieron oportunidad de ver las facturas originales cuyos gastos rechazan; que sin embargo han insistido en promoverlas ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para dejar constancia de que tales gastos son procedentes y que por lo tanto no existe fundamento legal para su rechazo (…). (…) 2 Falso supuesto de derecho. Errónea interpretación del artículo 183 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en cuanto a las cuentas por cobrar que deben ser excluidas a efectos del reajuste del patrimonio neto. (…) El reparo fiscal formulado a nuestra representada está referido al ejercicio fiscal 2007, en razón de lo cual la norma que regulaba todo lo relativo a las exclusiones del patrimonio neto, para las cuentas por cobrar a empresas relacionadas debe ser analizado, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2006, aplicable al mencionado ejercicio fiscal 2007 de DISTRIBUIDORA ARTESA 2004, C.A.; (…). (…) Esta norma tenía como finalidad evitar que se inflara el patrimonio de un contribuyente, a través de la creación de cuentas por cobrar con sujetos relacionados, como una forma de aprovecharse en forma deshonesta del ajuste inicial del patrimonio neto del contribuyente, siguiendo de alguna forma la regulación del artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1993, (…) cometiendo el error de generalizar y no precisar en que casos tales cuentas por cobrar no podían formar parte del patrimonio neto del contribuyente.  (…) A pesar de que la Administración Tributaria ha reconocido que la norma citada, no puede ser interpretada en términos absolutos; sin tomar en cuenta la realidad económica de las referidas cuentas por cobrar.  (…) No obstante que se trate de empresas vinculadas, las cuentas por cobrar registradas por DISTRIBUIDORA ARTESA 2004, C.A., corresponde a cuentas por cobrar comerciales, originadas por la venta, entre otros clientes a Soluciones Graficas y Editorial Arte, C.A., de insumos importados, que estas empresas utilizan en su proceso productivo; que es importante destacar que en estas cuentas se registran todos los efectos comerciales por cobrar de su representada, tanto a empresas que pueden calificar como vinculadas, como las dos mencionadas, como a terceros sin relación de vinculación con ella, por concepto de ventas de insumos.  (…) No puede excluir tales cuentas del patrimonio neto de nuestra representada, con la intención de disminuir el patrimonio neto de la empresa, y por ende aumentar su renta gravable, para de esa forma formular el reparo fiscal como el que ha sido objeto de impugnación. 3 Exclusiones de los anticipos hechos por los clientes. (…) En el supuesto negado que se considerara que las cuentas por cobrar, a las empresas vinculadas con nuestra representada sí deben ser excluidas de su patrimonio neto a los fines del ajuste por inflación, debe por lo menos acordar (…) que el monto a ser excluido debe ser el monto neto de tales cuentas, previa deducción de los anticipos recibidos de las empresas EDITORIAL ARTE, C.A. y SOLUCIONES GRAFICAS C.A. Es cierto que los anticipos recibidos por la venta de un bien o la prestación de un servicio, en cumplimiento de los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, se registran como un pasivo en virtud de que hasta que no se entrega al cliente el bien prometido, pueden considerarse como un ingreso causado, pero que ello no quiere decir que no deben tomarse en cuenta, para disminuir las cuentas por cobrar con tales empresas, visto que se trata de un monto de dinero recibido a causa del bien a ser vendido (…). 4 Improcedencias de la multa por contravención y los intereses moratorios:  (…) Como consecuencia del reparo fiscal (…) le [fue] liquidados sumas adicionales al impuesto sobre la renta, tanto por concepto de la multa prevista en el artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable al caso, como de los intereses moratorios contemplados en el artículo 66 del mismo Código (…). (…) Que la sanción impuesta, ni los intereses moratorios son procedentes, visto que el reparo impuesto a [nuestra representada] son procedentes, en función de lo cual y visto que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, [solicita] la nulidad de todos los actos administrativos que soportan el reparo recurrido y declare la improcedencia de las sumas liquidadas por tales conceptos (…). (…) La multa prevista en el artículo 111 del Código Orgánico Tributario, que en el supuesto negado que se declare procedente el reparo fiscal, acuerde la improcedencia de la multa en cuestión, en virtud de la aplicación de la eximente por Error de Derecho, prevista en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 2001 aplicable a este caso, por haber habido de parte de nuestra, una errónea interpretación de una norma o varias normas legales (…).  (…) Sí la posición asumida por nuestra representada, en cuanto al cálculo de sus gastos deducibles debidamente soportados, así como la determinación de su patrimonio neto a los fines del ajuste por inflación del mismo, en base a sus cuentas por cobrar comerciales con empresas vinculadas, solo puede tener como origen el hecho de que su representada, en pleno conocimiento de la existencia de las normas jurídicas aplicables al caso, interpretó lo dispuesto en ella en forma diferente a como lo hace el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y acuerde el tribunal que debe hacerse (…).  (…) En el supuesto negado de que el tribunal no comparta la posición asumida por nuestra representada tendrá que acordar que la misma tiene un sólido sustento jurídico y que no ha sido hecha con dolo, con la idea de aprovecharse de alguna forma de los derechos de la Administración Tributaria, sino sobre la base de una interpretación equivocada de las normas jurídicas aplicables, de modo que la eximente de responsabilidad por Falso Supuesto de Derecho prevista en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario, se ha dado y que por ello debe eximirse a nuestra representada de la multa establecida en el artículo 111 supra mencionado (…).  (…). Adicionalmente (…) el reparo que le ha sido formulado a nuestra representada, fue íntegramente basado en los datos contenidos en su declaración de impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2007, y sobre la base de la documentación que respaldó toda la información en ella contenida; que en tales caso se configura la eximente de multa prevista en el artículo 170 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su numeral 3º; razón por la cual solicita que el tribunal, en el supuesto negado de que declarará procedente el reparo y la sanción impuesta sin considerar que procede la eximente por error de derecho, declare aplicable la eximente de sanción, visto que el reparo ha sido formulado con exclusividad con los datos contenidos en la declaración impositiva de nuestra representada (…). 5 No ejecución del acto administrativo recurrido. Obligación constitucional y legal de suspender la ejecución del mismo. (…) La ejecución del acto administrativo por parte de la Administración Tributaria, a través del nuevo procedimiento administrativo de Cobro Ejecutivo, viola elementales Derechos Constitucionales, que asisten a nuestra representada como sujeto de Derecho y además porque han demostrado que su ejecución, es improcedente por estar basada su pretensión en fundamentos de Derecho, que en el pasado han sido declarados improcedentes por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; razón por la cual solicita que declare la suspensión de efectos de la resolución recurrida y de todos los actos dictados por la Administración Tributaria con la pretensión de imponer un reparo de Impuesto sobre la Renta (…). ”.  (Negrillas de la fuente). (Agregados de esta Sala).     II FALLO APELADO   En fecha 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, mediante sentencia definitiva número 016/2017, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la sociedad de comercio Distribuidora Artesa 2004, C.A., en los términos que se señalan a continuación: “(…) Una vez examinados los alegatos expuestos por la recurrente respecto a la polémica planteada; y de las consideraciones, observaciones y alegaciones expuestas por la representante judicial de la República, esta Juzgadora colige que el tema decidendum está referido a determinar i) Sí ciertamente la Administración Tributaria incurrió en el vicio de Falso Supuesto de Hecho y de Derecho, como consecuencia de que los gastos de la contribuyente declarados improcedentes están perfectamente documentados y por errónea interpretación del artículo 183 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, respectivamente; ii) Sí resulta procedente la exclusión de los anticipos hechos por los clientes; iii) Si ciertamente es improcedente la multa por contravención, al configurarse la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 85 numeral 4 del Código Orgánico Tributario y 170 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, así como la improcedencia de los intereses moratorios. i) Vicio de Falso Supuesto de Hecho y de Derecho, como consecuencia de que los gastos de la contribuyente declarados improcedentes, están perfectamente documentados y por errónea interpretación del artículo 183 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (…).  (…) Ahora bien, a los fines de resolver el primer aspecto controvertido como lo es la improcedencia de los gastos deducidos por falta de comprobación satisfactoria, de la revisión de las actas procesales, este Tribunal observa que en el Acta de Reparo, de fecha 28 de junio de 2011, cursante a los folios 145 al 150, de la pieza ‘A’ del expediente judicial, la Administración Tributaria estableció:  ‘Con la finalidad de verificar el origen y naturaleza del gasto deducido, la actuación fiscal solicitó a la contribuyente mediante acta de requerimiento (…) de fecha 14/02/2011 y 11/03/2011 respectivamente, el detalle de los Otros Gastos y las facturas originales de adquisición de bienes y/o recepción de servicios u otros documentos originales de valor probatorio que soporten las erogaciones realizadas, así como los documentos que avalen las formas de pago de tales gastos’.  ‘En respuesta a los requerimientos realizados por la actuación fiscal, según consta en Actas de Recepción (…) de fechas 17/02/2011 y 16/03/2001, respectivamente; la contribuyente consignó como soporte de los gastos solicitados el mayor analítico de la cuenta contable antes identificada. En este sentido, la actuación fiscal procedió a solicitar una muestra de soportes de los movimientos de la cuenta, en atención a lo cual la contribuyente consignó parcialmente dicha información, dejando de justificar la cantidad de Bs. 314.783,05, tal como se evidencia de las copias fotostáticas insertas en el Expediente Administrativo, que se conforma con ocasión de la presente fiscalización’ (Resaltado del tribunal) (…).  (…) Circunscribiéndonos al caso de autos, del análisis del expediente judicial se evidencia, que le fue objetada a la contribuyente la deducción, por falta de comprobación satisfactoria de la cantidad de Bs. 314.783,05 registrada en el rubro ‘Otros Gastos’ y que en relación a la diferencia de Bs. 94.783,05, la Administración Tributaria dejó constancia que la contribuyente consignó copias simples de las facturas que soportan dichos gastos, y que se solicitó el original a los efectos de su confrontación, a lo cual la contribuyente no dio respuesta de ninguna índole. En razón de lo anterior, este tribunal aprecia que a pesar de que la Administración Tributaria desechó las copias fotostáticas de las facturas, efectuó un examen sobre las mismas (…).  (…) En la etapa judicial el recurrente no desplegó actividad probatoria alguna, a los fines de demostrar la improcedencia de los hechos alegados, por no haber detalle de los gastos, así como tampoco las copias u originales de las facturas y otros documentos que demuestren las erogaciones deducidas por la empresa, por la cantidad de Bs. 94.783,05. En consecuencia, se confirma el reparo formulado y se desestima el Vicio de Falso Supuesto de Hecho, alegado por la recurrente, en relación a que los gastos de la contribuyente declarados improcedentes estaban perfectamente documentados. Así se declara (…).  (…) En relación al Vicio de Falso Supuesto de Derecho, por errónea interpretación del artículo 183 de la Ley de Impuesto sobre la Renta aludido por la recurrente (…).  (…) Ahora bien, para comenzar el presente análisis, esta Juzgadora considera oportuno tener en cuenta, que el reparo fiscal formulado a la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA ARTESA 2004 C.A., está referido al ejercicio fiscal 01/01/2007 al 31/12/2007, en razón de lo cual, la norma que regulaba todo lo relativo a las exclusiones del patrimonio neto, para las cuentas por cobrar a empresas relacionadas debe ser analizado sobre lo preceptuado por el artículo 183 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.529 del 25 de septiembre de 2006, y no sobre la base del artículo 184 (redactado en términos similares de la Ley de Impuesto sobre la Renta publicada en la Gaceta Oficial No. 38.528, de fecha 16 de febrero de 2007, invocado por la Administración Tributaria, toda vez, que en su disposición transitoria estableció:  ‘Artículo 199. Esta Ley comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su vigencia’.  (…) En tal sentido, a los fines de calcular el reajuste del patrimonio neto inicial, obligatoriamente deben excluirse las cuentas y efectos por cobrar a accionistas, administradores, afiliadas, filiales y otras empresas relacionadas y/o vinculadas, que no se correspondan con operaciones normales y necesarias para la producción de la renta gravable, vale decir, las cuentas por cobrar cuyo origen no sea las operaciones comerciales y que no ofrezcan un comportamiento similar a cualquier otra que se tenga con terceros. Ahora bien, en virtud del anterior razonamiento se debe precisar respecto al acervo probatorio aportado por la contribuyente al proceso, si las cuentas objeto de reparo fiscal correspondían o no a las cuentas por cobrar que no forman parte de la mencionada exclusión. Para ello, es necesario que las cuentas por cobrar del sujeto pasivo, sean cuentas originadas en operaciones comerciales y que tengan un tratamiento idéntico a las de cualquier otra empresa no vinculada con la contribuyente. En este orden de ideas, se aprecia de las actas que conforman el expediente que la contribuyente para justificar la no exclusión a los efectos del cálculo del patrimonio neto inicial de la partida ‘Cuentas por Cobrar Comerciales’ identificada con el código contable 1.001.03.00, aportó ante este Tribunal las siguientes pruebas documentales: marcadas ‘A’ y ‘B’, consistentes en facturas Nros. 0076 y 151 (folios 86 y 92), respectivamente, de la Pieza Principal del expediente), con el propósito de demostrar que las cuentas por cobrar que tenía la empresa DISTRIBUIDORA ARTESA 2004, C.A., con sus empresas relacionadas EDITORIAL ARTE, S.A, y SOLUCIONES GRAFICAS, S.A., eran cuentas por cobrar comerciales, propias de su actividad y el giro comercial de la empresa. Sin embargo, este Juzgado no encuentra en las documentales cuyo valor probatorio fuera apreciado, suficientes elementos de convicción para demostrar que las partidas ‘Cuentas por Cobrar Comerciales’, para el ejercicio fiscal de 2007, derivan de operaciones normales y necesarias incorporadas efectivamente al proceso productivo de la renta, de manera de desvirtuar la manifestación de voluntad de la Administración expuesta en el acto impugnado, conforme a la cual debían excluirse dichas cuentas a los efectos de realizar el reajuste por inflación. Sobre la base de lo anteriormente expuesto esta juzgadora aprecia que en el caso de autos, el acto administrativo impugnado, no adolece del vicio de Falso Supuesto de Derecho, por errónea interpretación del artículo 183 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2006. Así se declara (…).  (…) ii) Exclusión de los anticipos hechos por los clientes. Este Tribunal observa que en materia contable, dichos anticipos corresponden a cuentas de pasivos circulantes y no a activos disponibles, hasta tanto no se haga entrega al cliente el bien prometido, por consiguiente, los anticipos a proveedores deben tener el carácter de créditos y concretamente de cuentas por cobrar. En consecuencia, este tribunal desestima el alegato de la parte recurrente relacionado con la exclusión de los anticipos recibidos a las cuentas por cobrar de las empresas vinculadas con su representada. Así se declara. iii) Improcedencia de la multa por contravención y los intereses moratorios (…). (…) Observa quien decide, que la recurrente solicita se declare improcedente la multa en cuestión, en virtud de la aplicación de la eximente por Error de Derecho, prevista en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario, por la errónea interpretación de una norma o varias normas legales (…).  (…) Ahora bien, del análisis de las norma contenidas en el artículo 183 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006, no existen razones justificadas para que la empresa recurrente, realizara una errónea interpretación de dicho dispositivo normativo, pues no se verificó en autos que por error la recurrente se haya apartado radicalmente de los preceptos que informan el ordenamiento jurídico tributario, razón por la cual, a juicio de este Tribunal resulta improcedente la eximente alegada. Así se decide. Visto de esta forma, no cabe duda que en el presente caso no existe ni error de hecho ni de Derecho excusable, que exima de responsabilidad a la recurrente, pues de las actas procesales no se desprende prueba suficiente que sustente lo esgrimido por la sociedad mercantil recurrente, al corresponderle a la misma demostrar la existencia de su error. Así se establece. Por otro lado, la representación judicial de la parte recurrente alega que el reparo que le ha sido formulado, fue íntegramente basado en los datos contenidos en su declaración de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2007 y sobre la base de la documentación que respaldó toda la información en ella contenida, configurándose la eximente de multa prevista en el artículo 170 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (…).  (…) Observa este Juzgado Superior, que la contribuyente invocó en primer término, la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista en el artículo 170, numeral 3 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006, aplicable ratione temporis al ejercicio fiscal de 2007 (…).  (…) De los mencionados actos administrativos se evidencia que los funcionarios fiscales actuantes requirieron hacer un examen y verificación de las partidas objetadas, con los datos asentados en las partidas correspondientes a ‘Otros Gastos’ y facturas originales de adquisición de bienes y/o recepción de servicios, así como demás documentos que avalen la forma de pago de tales gastos, mayor analítico y movimientos de cuentas, conforme a los cuales pudo precisar en la partida de ajuste por inflación que dentro del cálculo del patrimonio neto, la contribuyente incluyó las partidas ‘Cuentas por Cobrar Comerciales’ identificada con el código contable 1.001.03.001, para el ejercicio fiscal de 2007; lo que en modo alguno significó descubrimiento de rentas omitidas o hallazgos provenientes de fuentes distintas a las propias declaraciones. En este sentido, no puede entenderse que la revisión efectuada por los funcionarios, por razón de una fiscalización a las declaraciones de rentas, en los libros y registros contables, libros especiales, comprobantes y asientos que sustentan la contabilidad en los ejercicios reparados para verificar los datos globales expuestos en la declaración de renta investigada, constituyen elementos extraños a dicha declaración, pues son éstos los que realmente forman parte de la fuente principal de donde se extraen los datos plasmados en las declaraciones de rentas presentadas por la contribuyente y cuando la Administración Tributaria procede a revisarlos por efecto de una investigación fiscal, lo hace apoyándose de esos elementos, por lo que no pueden considerarse ajenos al proceso de fiscalización. Así se declara. En consecuencia, estima procedente el Tribunal, la eximente de responsabilidad penal tributaria invocada, respecto a los reparos formulados por conceptos de ‘Deducciones no procedentes por falta de comprobación satisfactoria’ y ‘Exclusiones fiscales no consideradas a los efectos del reajuste del patrimonio neto al inicio’. En consecuencia, se anula la multa liquidada a través del acto administrativo recurrido. Así se declara. Corresponde a este Tribunal pronunciarse con relación a la procedencia de los intereses moratorios calculados a cargo de la contribuyente de autos, mediante el acto administrativo recurrido, a tenor de lo establecido en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario vigente, por la cantidad de Bs. 965.610,09, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007 (…).  (…) Basta el incumplimiento en el pago de la obligación principal, para considerar que se han causado los intereses moratorios, por consiguiente, el vencimiento del plazo como elemento y oportunidad de la exigibilidad de la deuda tributaria concreta la causación de los intereses moratorios, independientemente de los recursos administrativos o judiciales interpuestos, pues estos inciden sobre los efectos (ejecutividad y ejecutoriedad) del acto de determinación de la obligación tributaria y no sobre la situación jurídica acaecida. En razón de lo anterior, este Tribunal desecha el alegato de la parte recurrente relativo a la improcedencia de los intereses moratorios, y por el contrario, confirma la liquidación de los mismos. Así se declara. (…)”. (Negrillas de la fuente).   III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN   Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2018, el abogado Abelardo Caldera, antes identificado, actuando como sustituto del Procurador General de la República en representación del Fisco Nacional, fundamentó ante esta Alzada la apelación ejercida contra la sentencia definitiva número 016/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en los siguientes términos: “(…) La Jueza a quo incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho (…) obviando la realidad palpable que se evidencia en la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015-0430 de fecha 29 de mayo de 2015, que declaro sin lugar el recurso jerárquico ejercido por disconformidad contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTICERC/ DSA/R-2012-187, de fecha 13 de  julio de 2012, (…) en la cual se determinó una disminución ilegitima de ingresos tributarios, constituyendo este hecho, una contravención cuya sanción se encuentra establecida en el artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001.  (…) La Jueza de instancia en lo que respecta a la eximente (…) afirmó que las revisiones efectuadas sobre las declaraciones de rentas en los libros, registros contables y demás documentos no constituyen elementos extraños a la declaración, motivo por el cual declaró la procedencia de la eximente de responsabilidad penal tributaria y en consecuencia la anulación de la multa establecida en la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015- 430 de fecha 29 de mayo de 2015, situación esta que resulta cuestionable debido que la normativa en materia de impuesto sobre la renta es clara y no da elementos para falsas interpretaciones al referirse el precitado artículo 111, que para que ópere la sanción solo basta con la materialización de una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, situación esta que ha quedado evidenciada en el caso bajo análisis aunado a ello dichos reparos no se generaron única y exclusivamente de los datos presentados por la recurrente en sus declaraciones de renta para el ejercicio investigado, por el contrario fue necesario esgrimir y efectuar un procedimiento de fiscalización y determinación conforme lo establecen los artículos 177 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001vigente para la fecha (…) para posteriormente confirmar las sospechas que la Administración Tributaria presentó para el momento en que la contribuyente mostró la documentación originaria, descrita en el Acta de Reparo N° SNAT/INTI/GRTI/CE/ RC/DF/2011/ISLR/000 (…).  (…) La contribuyente DISTRIBUIDORA ARTESA 2004, C.A., dedujo gastos que no eran procedentes por falta de comprobación, y en consecuencia no efectuó el cálculo de inflación de los ‘Aumentos y Disminuciones del Patrimonio’ lo que generó que la Administración Tributaria determinara un diferencia de Impuesto Sobre la Renta y por ende impusiera una multa aplicada al 112,5% del tributo omitido. Situación esta que quedó evidenciada mediante el requerimiento por parte de la Administración Tributaria para precisar el detalle de los gastos, así como las facturas y demás documentos que permitieran demostrar las erogaciones por adquisición de bienes y recepción de servicios (…). (…) Sucede sin embargo que en el presente caso, resulta evidente que la simple revisión de las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas por la Contribuyente, no hubiesen sido suficiente para determinar las diferencias detalladas en la Resolución Culminatoria de Sumario aquí recurrida, que damos por reproducidas, para el período fiscalizado de 2007, pues se hizo imprescindible la investigación fiscal, es decir un procedimiento extra a la declaración, el cual fue autorizado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales, tal como se evidencia en la Resolución[impugnada]. En razón de lo expuesto, en opinión de esta representación de la República, la recurrida incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho al tergiversar la realidad, así como en un falso supuesto de derecho al interpretar erradamente el numeral 3° del artículo 171 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, aplicable ratione temporis, y en una falsa aplicación de esa norma, pues aplicó la norma a una situación que no estaba subsumida en aquélla (…).  (…) Como consecuencia de la procedencia de la eximente de Responsabilidad Penal Tributaria para la contribuyente, equivocadamente decretada por la Juez a quo, ésta procedió a anular la multa liquidada a través del acto administrativo recurrido, y le ordena a la Administración Tributaria emitir nuevas planillas por conceptos de ajuste de impuesto e intereses moratorio. Decisión esta contraria a los intereses de la República, la cual pedimos sea revocada en virtud de que las sanciones poseen plena legalidad y se encuentran sustentadas dentro del marco normativo Tributario, conforme al procedimiento de fiscalización efectuado (…)”. (Agregados de la Sala). IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR   En virtud de la declaratoria contenida en la decisión proferida por el Tribunal a quo, y los alegatos formulados por la representación judicial del Fisco Nacional, la controversia planteada en la presente causa queda circunscrita a decidir si el Juzgado de instancia incurrió en los vicios de: falso supuesto de hecho al tergiversar la realidad; así como falso supuesto de derecho al interpretar erradamente el numeral 3 del artículo 171 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2006, aplicable en razón del tiempo y en consecuencia declarar la eximente de la sanción de multa impuesta conforme al artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis. Previamente al análisis del asunto, esta Máxima Instancia estima importante destacar que aún cuando la contribuyente solicitó con el recurso contencioso tributario medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, el Juzgado de la causa no emitió el pronunciamiento respectivo, por lo que resulta improcedente realizar en esta oportunidad alguna consideración al respecto, por ser accesoria a la acción principal de nulidad, conocida ahora en apelación. Así se declara. Asimismo, esta Superioridad debe declarar, firmes por no haber sido apelados por la empresa contribuyente ni desfavorecer los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, las declaratorias del fallo impugnado, relativas a: i) se confirma el reparo formulado y se desestima el vicio de falso supuesto de hecho alegado por la recurrente, en relación a que los gastos de la contribuyente declarados improcedentes estaban perfectamente documentados; ii) el acto administrativo impugnado no adolece del vicio del falso supuesto de derecho, por errónea interpretación del artículo 183 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006, aplicable en su vigencia temporal; iii) se desestima el alegato de la parte recurrente relacionado con la exclusión de los anticipos recibidos a las cuentas por cobrar de las empresas vinculadas con la contribuyente; iv) la improcedencia de la eximente de responsabilidad tributaria por error de hecho y de derecho excusable según lo depuesto en el numeral 4 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis, y v) la procedencia de la liquidación de los intereses moratorios Así se dispone. Delimitada la litis, pasa la Sala a decidir la controversia en los términos siguientes: La representación del Fisco Nacional denunció que el Juzgado de instancia incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho al tergiversar la realidad; así como falso supuesto de derecho, al interpretar erradamente el numeral 3 del artículo 171 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006 aplicable en razón del tiempo y en consecuencia declarar la eximente de la sanción de multa impuesta conforme al artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis. Con el propósito de resolver los vicios alegados por la parte apelante, es preciso señalar que de acuerdo a la pacífica y reiterada jurisprudencia de esta Máxima Instancia se advierte que sobre el falso supuesto en las decisiones judiciales, esta Sala Político-Administrativa (Vid. sentencias números 00183, 00039, 00618 y 00278 de fechas 14 de febrero de 2008, 20 de enero de 2010, 30 de junio de 2010 y 11 de abril de 2012, respectivamente, casos: Banesco, Banco Universal, C.A., Alfredo Blanca González, Shell de Venezuela y Automóviles El Marqués III, C.A.,), ha sostenido lo descrito a continuación: “(…) Resulta menester acotar que de acuerdo a pacífica y reiterada jurisprudencia de esta Sala, el vicio de suposición falsa en las decisiones judiciales se configura, por una parte, cuando el Juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión, verificándose de esta forma el denominado falso supuesto de hecho. Por otro lado, cuando los hechos que sirven de fundamento a la decisión existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero el órgano jurisdiccional al emitir su pronunciamiento los subsume en una norma errónea o inexistente en el derecho positivo, o incurre en una errada interpretación de las disposiciones aplicadas, se materializa el falso supuesto de derecho (…)”. La representación fiscal, respecto a la eximente de responsabilidad penal prevista en el artículo 171 de Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006 indico que “(…) en el presente caso, resulta evidente que la simple revisión de las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas por la Contribuyente, no hubiesen sido suficiente para determinar las diferencias detalladas en la Resolución Culminatoria de Sumario aquí recurrida, que damos por reproducidas, para el periodo fiscalizado de 2007, pues se hizo imprescindible la investigación fiscal, es decir un procedimiento extra a la declaración, el cual fue autorizado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales, tal como se evidencia en la Resolución[impugnada]. En razón de lo expuesto, en opinión de esta representación de la República, la recurrida incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho al tergiversar la realidad, así como en un falso supuesto de derecho al interpretar erradamente el numeral 3° del artículo 171 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, aplicable ratione temporis, y en una falsa aplicación de esa norma, pues aplicó la norma a una situación que no estaba subsumida en aquélla. (Agregados de la Sala). Por su parte la recurrida sobre este punto señaló que “(…) De los mencionados actos administrativos se evidencia que los funcionarios fiscales actuantes requirieron hacer un examen y verificación de las partidas objetadas, con los datos asentados en las partidas correspondientes a ‘Otros Gastos’ y facturas originales de adquisición de bienes y/o recepción de servicios, así como demás documentos que avalen la forma de pago de tales gastos, mayor analítico y movimientos de cuentas, conforme a los cuales pudo precisar en la partida de ajuste por inflación que dentro del cálculo del patrimonio neto, la contribuyente incluyó las partidas ‘Cuentas por Cobrar Comerciales’ identificada con el código contable 1.001.03.001, para el ejercicio fiscal de 2007; lo que en modo alguno significó descubrimiento de rentas omitidas o hallazgos provenientes de fuentes distintas a las propias declaraciones. Con relación a dicha eximente, el artículo 171 de la Ley de impuesto Sobre la Renta de 2006, aplicable al caso, establece lo que sigue: “Artículo 171.- Si de la verificación de los datos expresados en las declaraciones de rentas presentadas con anterioridad a la fecha de iniciación de la intervención fiscal resultare algún reparo, se impondrá al contribuyente la multa que le corresponda. Esta pena no se impondrá a las personas naturales o asimiladas cuando el impuesto liquidado conforme al reparo, no excediere en un cinco por ciento (5%) del impuesto obtenido tomando como base los datos declarados. Tampoco se aplicará pena alguna en los casos siguientes: 1. Cuando el reparo provenga de diferencias entre la amortización o depreciación solicitada por el contribuyente y la determinada por la Administración. 2. Cuando el reparo derive de errores del contribuyente en la calificación de la renta. 3. Cuando el reparo haya sido formulado con fundamento exclusivo en los datos suministrados por el contribuyente en su declaración; y 4. Cuando el reparo se origine en razón de las deudas incobrables a que se refiere el artículo 27 de la Ley”. (Resaltado de la Sala). De lo expuesto, esta Sala ratifica una vez más su criterio al interpretar que en la aplicación de la citada norma, lo fundamental es que de la investigación no surjan hechos nuevos que revelen hallazgos de fuentes distintas a la declaración; siendo por consiguiente, que para que proceda ésta, las modificaciones propuestas por el fiscal actuante en el cuadro de conciliación que realice de la declaración respectiva, deben haberse originado como producto de la consideración de los datos tanto singulares como globales suministrados por el contribuyente bajo juramento en su declaración, y no de información que provenga de fuentes distintas, extrañas a ese documento, que revelen la configuración de omisiones involuntarias de rentas, de estimaciones de oficio o de ocultamiento premeditado. (Vid., entre otras, Sentencias Números. 01704, 01909 y 00496 de fechas 7 de octubre de 2004, 22 de noviembre de 2007 y 26 de abril de 2011, casos: Cotécnica Caracas, C.A;  Glassven C.A.; y C.A. de Administración y Fomento Eléctrico CADAFE). En el caso de autos, se evidencia que las sanciones de multa formuladas a la sociedad de comercio Distribuidora Artesa 2004, C.A., fueron impuestas como ya se ha mencionado por disminución ilegítima de ingresos tributarios, en materia de impuesto sobre la renta en vista de que dedujo gastos que no eran procedentes por falta de comprobación, y no realizó el cálculo del reajuste por inflación de los aumentos y disminuciones del patrimonio durante el ejercicio fiscal de 2007. En razón de lo expuesto, las aludidas objeciones, según observa la Sala, fueron formuladas con la ayuda de “estados de cuentas suministrados por la contribuyente así como un procedimiento extra a la declaración, el cual fue autorizado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales, tal como se evidencia en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo número SNAT/INTI/ GRTICERC/ DSA/RR-2012-187 de fecha 13 de julio de 2012”, notificada el 9 de agosto de ese mismo, donde aparece una disminución ilegítima de ingresos tributarios debido a que se originó una renta por parte de la recurrente que nunca fue enterada, la cual debió pagar al Tesoro Nacional, situación que constituyó una contravención sancionada con el encabezado del artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable en razón del tiempo. Por ello, juzga esta Sala que en el caso de autos cuando la Administración Tributaria procedió a revisar la determinación contenida en las declaraciones de rentas presentadas por la contribuyente con la  documentación aportada por esta, las mismas no fueron suficientes para determinar las diferencias que están descritas en la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/ GRTICERC/DSA/RR-2012-187, para el ejercicio fiscal comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, aunado a ello se observa que se hizo necesario una investigación fiscal adicional por parte del ente exactor, siendo estos elementos distintos a los suministrados por la contribuyente en su declaración, en consecuencia, esta Alzada desestima la declaratoria de procedencia de la recurrida atinente a la solicitud de aplicación de la eximente de responsabilidad penal tributaria en materia de impuesto sobre la renta por no enmarcarse en el presupuesto de hecho previsto en el artículo 171, numeral 3, de Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2001, aplicable en su vigencia temporal y se revoca el fallo apelado sobre dicho particular. Así se decide. Sobre la base de lo expuesto, esta Sala declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante en juicio del Fisco Nacional contra la sentencia definitiva número 016/2017, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 29 de noviembre de 2017 que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos incoada por la sociedad de comercio Distribuidora Artesa 2004, C.A., en consecuencia, se revoca de la sentencia apelada, lo atinente al pronunciamiento relativo a la declaratoria de procedencia respecto a la eximente de responsabilidad penal tributaria en materia de impuesto sobre la renta por no enmarcarse en el presupuesto de hecho previsto el numeral 3 del artículo 171 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006 aplicable en razón del tiempo y en consecuencia declarar la eximente de la sanción de multa impuesta conforme al artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis.Así se declara. Esta Superioridad declara sin lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Distribuidora Artesa 2004, C.A., conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión por la contribuyente contra la Resolución identificada con el alfanumérico SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015-0430 de fecha 29 de mayo de 2015, notificada el 27 de julio mismo año, dictada Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente, contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTICERC/DSA/RR-2012-187 de fecha 13 de julio de 2012, notificada el 9 de agosto de ese mismo año, confirmándose los reparos formulados en el Acta Fiscal identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/GRTI7/CE/RC/DF/2011/ISLR/0006607-00211 del 28 de junio de 2011, notificada en ese mismo día actos administrativos que quedan firmes. Así se decide. Igualmente, advierte la Sala que en el expediente no consta que la recurrente haya pagado las multas al momento de haber sido liquidadas, en razón de lo cual el Fisco Nacional deberá realizar el ajuste correspondiente a la fecha del pago efectivo de dichas sanciones conforme al artículo 91, y 92 del Código Orgánico Tributario de 2014, aplicable ratione temporis y emitir las Planillas de Liquidación sustitutivas. (Vid., entre otras, sentencias números 00063, 00199, 01004, 00947 y 00945, de fechas 21 de enero de 2010, 10 de febrero y 27 de julio de 2011, 10 de agosto de 2016 y 3 de agosto de 2017, casos: Majestic Way, C.A.; Aserradero El Tablazo, C.A.; Nicolás Alta Peluquería, C.A.; e Inversiones Belou, C.A. y Ferretería Morelos, C.A., respectivamente). Así se decide. Asimismo, deberá la Administración Tributaria emitir Planillas de Liquidación Sustitutivas, empleando el valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago efectivo de las multas, conforme a lo establecido en el Parágrafo Segundo del artículo 92 ibidem. Así se declara. Se condena en costas procesales a la contribuyente, en un cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, a tenor de lo previsto en el artículo 334 del Código Orgánico Tributario de 2014. Así se decide. Finalmente, resulta imperativo precisar que la Sala Plena de este Máximo Tribunal mediante Resolución número 2021-0011 de fecha 9 de junio de 2021, dictó los Lineamientos para la Suscripción y Publicación de Decisiones con Firma Digital, Práctica de Citaciones y Notificaciones Electrónicas y la Emisión de Copias Simples o Certificadas por Vía Electrónica respecto de los procesos seguidos ante esta Sala Político-Administrativa, en tal sentido, conforme a los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 3 de la Resolución en comento, esta Sala podrá “(…) suscribir y publicar decisiones, practicar las citaciones y notificaciones por correo electrónico o cualquier otro medio que utilice tecnologías de la información y la comunicación, una vez conste en las actas del expediente, que las partes cuentan con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal (…)”. En razón de ello se ordena que las notificaciones a que haya lugar y que sean concernientes al presente fallo, se efectúen a través de medios electrónicos; sin embargo, para el caso en que el destinatario y/o destinataria de la notificación no cuente con los recursos telemáticos necesarios, se procederá de acuerdo a lo estipulado en las leyes y en la aludida Resolución [Vid., sentencia de esta Sala número 00149 del 7 de julio de 2021, caso: Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC)]. Así se dispone. V DECISIÓN Sobre la base de lo precedentemente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: 1.- FIRMES por no haber sido apelados por la empresa contribuyente ni desfavorecer los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, las declaratorias del fallo impugnado, relativas a: i) se confirma el reparo formulado y se desestima el vicio de falso supuesto de hecho alegado por la recurrente, en relación a que los gastos de la contribuyente declarados improcedentes estaban perfectamente documentados; ii) el acto administrativo impugnado no adolece del vicio del falso supuesto de derecho, por errónea interpretación del artículo 183 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006, aplicable en su vigencia temporal; iii) se desestima el alegato de la parte recurrente relacionado con la exclusión de los anticipos recibidos a las cuentas por cobrar de las empresas vinculadas con la contribuyente; iv) la improcedencia de la eximente de responsabilidad tributaria por error de hecho y de derecho excusable según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis, y v) la procedencia de la liquidación de los intereses moratorios. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante en juicio del FISCO NACIONAL contra la sentencia definitiva número 016/2017, dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 29 de noviembre de 2017 que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos  incoada por la sociedad de comercio Distribuidora Artesa 2004, C.A., en consecuencia, se REVOCA de la sentencia apelada, lo atinente al pronunciamiento relativo a la declaratoria de procedencia respecto a la eximente de responsabilidad penal tributaria en materia de impuesto sobre la renta por no enmarcarse en el presupuesto de hecho previsto el numeral 3° del artículo 171 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 2006 aplicable en razón del tiempo y en consecuencia declarar la eximente de la sanción de multa impuesta conforme al artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis. 3.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA ARTESA 2004, C.A., conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, por la contribuyente contra la Resolución identificada con el alfanumérico SNAT/GGSJ/GR/ DRAAT/2015-0430 de fecha 29 de mayo de 2015, notificada el 27 de julio mismo año, dictada por la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por la contribuyente, contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTICERC/DSA/RR-2012-187 de fecha 13 de julio de 2012, notificada el 9 de agosto de ese mismo año confirmándose los reparos formulados en el Acta Fiscal identificada con el alfanumérico SNAT/INTI/ GRTI7/CE/RC/DF/2011/ISLR/0006607-00211 del 28 de junio de 2011, notificada en ese mismo día actos administrativos que quedan FIRMES. 4.- Se ORDENA la Administración Tributaria emitir Planillas de Liquidación Sustitutivas, empleando el valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago efectivo de las multas, conforme a lo establecido en el Parágrafo Segundo del artículo 92 ibidem. Se CONDENA EN COSTAS a la contribuyente, en un cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, a tenor de lo previsto en el artículo 334 del Código Orgánico Tributario de 2014. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.    El Presidente, MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ                         La Vicepresidenta BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO  El Magistrado- Ponente, JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES                   La Secretaria, CHADIA FERMIN PEÑA     En fecha catorce (14) de julio del año dos mil veintidós, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00268.     La Secretaria, CHADIA FERMIN PEÑA